Archivo de la categoría: Laboral

Laboral. Despidos , cantidades, accidentes laborales. Asesority Abogados Vigo

Justificación del despido objetivo por causas económicas

¿Que documentos que deben acompañarse con la carta de despido?

El artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores, establece la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, cuando concurra una de las causas previstas en el artículo 51.1 y afecté a un número de trabajadores inferior al establecido para el despido colectivo.

El despido objetivo por causa económica, prevista en el artículo 51.1, se produce cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, con la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de ingresos ordinarios o ventas, al darse la circunstancia de que durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.

La adopción del acuerdo de extinción al amparo de lo prevenido en el artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, y conforme al artículo 53, exige la observancia de los siguientes requisitos:

a) Comunicación escrita al trabajador expresando la causa del despido (carta de despido).
b) Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades.
Cuando la decisión extintiva se fundare en el artículo 52, c), de esta Ley, con alegación de causa económica, y como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner a disposición del trabajador la indemnización a que se refiere el parrafo anterior, el empresario, haciéndolo constar en la comunicación escrita, podrá dejar de hacerlo, sin perjuicio del derecho del trabajador de exigir de aquél su abono cuando tenga efectividad la decisión extintiva.
c) Concesión de un plazo de preaviso de quince días, computado desde la entrega de la comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo.

Y además habrá que entregar una copia de la carta de despido y documentación que justifique las causas económicas a la representación legal de los trabajadores para su conocimiento, siempre que exista.

Son fundamentales los documentos que se deben aportan con la carta de despido, para justificar la causa económica que origina el despido objetivo, y de este modo evitar una posible sentencia declaración la improcedencia y una mayor indemnización. Estos documentos son los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 1483/2012 de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada:

1. Memoria explicativa que acredite, en la forma señalada en los siguientes apartados, los resultados de la empresa de los que se desprenda una situación económica negativa.

2. Para la acreditación de los resultados alegados por la empresa, el empresario podrá acompañar toda la documentación que a su derecho convenga y, en particular, deberá aportar:
Las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios económicos completos, integradas por balance de situación, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivos, memoria del ejercicio e informe de gestión o, en su caso, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, debidamente auditadas en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías, así como las cuentas provisionales al inicio del procedimiento, firmadas por los administradores o representantes de la empresa que inicia el procedimiento.
En el caso de tratarse de una empresa no sujeta a la obligación de auditoría de las cuentas, se deberá aportar declaración de la representación de la empresa sobre la exención de la auditoría.

3. Cuando la situación económica negativa alegada consista en una previsión de pérdidas, el empresario, además de aportar la documentación a que se refiere el apartado anterior, deberá informar de los criterios utilizados para su estimación. Asimismo, deberá presentar un informe técnico sobre el volumen y el carácter permanente o transitorio de esa previsión de pérdidas basado en datos obtenidos a través de las cuentas anuales, de los datos del sector al que pertenece la empresa, dela evolución del mercado y de la posición de la empresa en el mismo o de cualesquiera otros que puedan acreditar esta previsión.

4. Cuando la situación económica negativa alegada consista en la disminución persistente del nivel de ingresos o ventas, el empresario deberá aportar, además de la documentación prevista en el apartado 2, la documentación fiscal o contable acreditativa de la disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas durante, al menos, los tres trimestres consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de la comunicación de inicio del procedimiento de despido colectivo, así como la documentación fiscal o contable acreditativa de los ingresos ordinarios o ventas registrados en los mismos trimestres del año inmediatamente anterior.

Y finalmente, si precisamente por esas causas económicas no se pudo poner a disposición del trabajador la indemnización que le corresponde, será necesario acreditar la situación de falta de liquidez mediante cualquier medio de prueba, como documentos contables o extracto de movimientos cuentas bancarias, entre otros.

David Alfaya Massó. Abogado

Anuncios

Protección por de cese actividad. El paro de los autónomos.

Una nueva esperanza para los trabajadores autónomos, que se ven obligados al cese de actividad.El Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, o lo que se conoce como nueva Ley de Mutuas, fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el pasado 25 de julio, y se prevé su aprobación en los próximo meses tras el trámite parlamentario de toda Ley.
Con está nueva Ley de Mutuas, se pretende hacer más accesible a los trabajadores autónomos la protección por cese de actividad, que equivale al paro o prestación por desempleo.
Lo de ser trabajador autónomo siempre fue peor que trabajar por cuenta ajena, menos derechos y sin posibilidad de cobrar prestación por desempleo. En 2011 se aprobó, la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establecía un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, el conocido como paro de los autónomos, y se le dieron falsas esperanza al colectivo, con la posibilidad de cobrar algo similar al desempleo, en caso de cese de actividad. Pero esto supuso una subida de la cuota mensual de autónomos, al obligarles a cotizar por contingencia profesionales. Lo peor estaba por venir, muy pocos lo solicitaron, y el 80% que solicitaba esta ayuda, nunca llegó a cobrarla, las Mutuas lo denegaban sistemáticamente al entender que se incumplían los requisitos. Incluso muchos se vieron obligados a pasearse por los juzgados, con resultado casi siempre desestimatorio, después de infinidad de trámites administrativos con las Mutuas de trabajo, que son las que gestionan y tramitan este paro tan particular.

No hay que olvidarse, que el origen y principal requisito era el cese de actividad o quedarse sin trabajo por cuenta propia, normalmente por los efectos de la crisis o simplemente por que las cosas no fueron bien. Para la mayoría, la consecuencia final era, quedarse sin trabajo, casi siempre con deudas con el banco o proveedores, con una sensación de frustración y fracaso y sin ayuda o protección de este paro para autónomos

Ahora una vez más se da esperanzas al colectivo con este proyecto de Ley de Mutuas, con una intención de poner las cosas más fáciles, y que se concreta en: Posibilidad de pagar en 30 días naturales las cuotas atrasada a la Seguridad Social y tener derechos siempre que las pérdidas económicas sean superiores al 10% de los ingresos del año entero anterior, cuando antes se requería un mínimo del 30% o un 20% en dos años consecutivos; y se incluyen como novedad situaciones de fuerza mayor como violencia de género o divorcio, y prevé la participación de las asociaciones de autónomos con mayor peso específico en las Comisiones de Control y Vigilancia de las Mutuas.

Pero no todo son ventajas, con la nueva Ley se desvincula esta protección por cese de actividad, de las contingencias profesionales y esto nos lleva a que el autónomo que quiera cubrir ambas cosas tendrá que pagar más en la cuota mensual entre un 2,2% y 4%, que se fijará cada año por el Gobierno. Además esta parte de la Ley de Mutuas, referente a la protección del cese de actividad de los trabajadores autónomos, no entrará en vigor hasta el ejercicio 2016.
Hace tres años parecía que se había resuelto el problema de paro de los autónomos, y no fue así, ahora se les vuelve a decir que todo esta arreglado, pero como toda Ley cada uno la interpretara a su manera, las Mutuas de Trabajo buscarán como denegar las solicitudes y los Juzgados serán otra vez el campo de batalla para los autónomos. Dentro de unos años veremos hacia atrás y muy probablemente, por desgracia volveremos a lamentarnos de no haberles dado una solución definitiva y dejar de tratar a los autónomos y pequeños empresarios de forma distinta a cualquier otro trabajador.
Da la sensación de que son siempre los grandes olvidados y perjudicados, cuando en realidad aportar más del 20% del PIB, por lo que debería ser ayudados en todo momento y muchos más cuando las cosas salen mal y tienen que cerrar sus negocios, o cuando se trata de crear por si mismos puestos nuevos de trabajo, que la sociedad en estos momentos de crisis les niega.

David Alfaya Massó.
Abogado

Aprobada tarifa plana de 100 € a la contratación indefinida

– La medida entra en vigor con efectos sobre los contratos efectuados desde el 25 de febrero.
– La reducción tendrá una duración de veinticuatro meses y la contratación debe suponer la creación neta de empleo estable.
– Las empresas de menos de diez trabajadores podrán beneficiarse doce meses adicionales de una reducción del 50 por 100 de la cuota por dichas contingencias.
– Se extiende a la contratación parcial, en términos proporcionales a la duración de la jornada del 50 o 75 por 100.
– Solo para cotización de contingencias comunes.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida que regula la nueva ‘tarifa plana’ de cien euros para la contratación de nuevos trabajadores indefinidos anunciada el pasado martes por el presidente del Gobierno durante el Debate sobre el estado de la Nación. Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida (BOE 1/03/14).
Esta medida supone que las empresas o autónomos que contraten a un nuevo trabajador indefinido sólo pagarán cien euros mensuales en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes durante los primeros veinticuatro meses, siempre y cuando esta contratación suponga la creación neta de empleo estable.

Las empresas de menos de diez trabajadores podrán beneficiarse, una vez transcurridos los primeros veinticuatro meses, de doce meses adicionales de una reducción del 50 por 100 de la cuota por dichas contingencias.

Se podrán beneficiar de esta medida todas las empresas y autónomos, independientemente de su tamaño, por la contratación estable de un nuevo trabajador, también independientemente de su edad.

La reducción supondrá un ahorro medio para el empleador de alrededor del 75 por 100 de la cotización por contingencias comunes, que se reducirá a cien euros al mes (1.200 euros anuales). Esta medida, aplicada a un sueldo bruto anual de veinte mil euros, implica que el empleador se ahorrará 3.520 euros anuales de cotización a la Seguridad Social por cada empleo nuevo creado.

La cotización por contingencias comunes se reducirá a 75 euros cuando la jornada de trabajo sea equivalente al 75 por 100 de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable y se reducirá a 50 euros cuando la jornada de trabajo sea equivalente al 50 por 100 de la jornada de un trabajador a tiempo completo.

Además, las empresas y autónomos con menos de diez trabajadores podrán beneficiarse de una reducción adicional durante el tercer año equivalente al 50 por 100 de la cotización por contingencias comunes que le correspondería.

La medida será aplicable a todos los contratos efectuados desde el pasado 25 de febrero, fecha de su anuncio por parte del presidente del Gobierno, hasta el 31 de diciembre de 2014.

No afectará a los derechos sociales.
La nueva regulación no afecta a la aportación del trabajador ni a la aportación empresarial por contingencias profesionales, desempleo, FOGASA y Formación profesional, respecto de las cuales se aplicarán las reglas ya vigentes de cotización.

Tampoco tendrá ningún impacto en la cuantía de las prestaciones económicas a las que puedan tener derecho los trabajadores, que se calcularán aplicando el importe íntegro de la base de cotización.

Creación de empleo
Las empresas o autónomos que se acojan a esta tarifa plana no deberán haber realizado despidos disciplinarios o por causas objetivas, declarados improcedentes, o despidos colectivos en los seis meses anteriores a la fecha de celebración del contrato. A estos efectos, sólo se tendrán en cuenta las extinciones realizadas con posteridad al anuncio de esta medida, esto es, posteriores al pasado 25 de febrero.

Las empresas que no mantengan el nivel de empleo total ni el nivel de empleo indefinido en los tres años siguientes al contrato deberán reintegrar, total o parcialmente, las cantidades que se han ahorrado. Si incumplen el primer año, deberán ingresar la totalidad de la reducción; si incumplen el segundo año, deberán ingresar el 50 por 100 y, si incumplen el tercer año, deberán ingresar el 33 por 100.

Además, se exige que la empresa esté al día de sus obligaciones con la Seguridad Social y tributarias, y que no haya sido sancionada por incumplimientos de la legislación social en los últimos dos años. En particular, no podrán beneficiarse las empresas que hayan sido sancionadas por no dar de alta a trabajadores en la Seguridad Social.

Asimismo, la reducción de cotizaciones por contingencias comunes que supone la tarifa plana de cien euros no será compatible con otras bonificaciones a la Seguridad Social.

Fuente: BOE y Colexio de Graduados Sociais de Pontevedra.

FOGASA deja de pagar indemnización de 8 días en despidos objetivos

FOGASA
Como regalo de navidad y año nuevo para las empresas de menos de veinticinco trabajadores, y con efectos 1 de enero de 2014, el Fondo de Garantía Salarial deja de pagar al trabajador una parte de la indemnización en caso de despido objetivo, que deberá asumir íntegramente la empresa.

Hasta la fecha, de conformidad con el artículo 33.8 del Estatuto de los trabajadores, en los contratos de carácter indefinido celebrados por empresas de menos de veinticinco trabajadores, cuando el contrato se extinga por las causas previstas en los artículos 51 y 52 de esta Ley o en el artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, el Fondo de Garantía Salarial abonará al trabajador una parte de la indemnización en cantidad equivalente a ocho días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores al año. No responderá el Fondo de cuantía indemnizatoria alguna en los supuestos de decisiones extintivas improcedentes, estando a cargo del empresario, en tales casos, el pago íntegro de la indemnización.

El cambio de criterio se produce, mediante una disposición final (la Quinta) en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, publicada en el BOE el 26 de diciembre de 2013; por medio de la cual, con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, se suprime el apartado 8 del artículo 33 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En nuestra opinión, es criticable la medida por una doble razón, en primer lugar por que se deja de ayudar a las pymes y micropymes, en situaciones difíciles que les obligan a tomar la decisión drástica de despedir a trabajadores por causas objetivas, con independencia de la posible picaresca o fraude que cometen algunos empresarios. Esto llevará a más situaciones de insolvencia empresarial, que finalmente tendrá que asumir FOGASA. Y en segundo lugar por la forma de realizar esta supresión, sin previo aviso, explicación, ni debate y colándolo en la aprobación de los presupuestos del Estado para el 2014.

Feliz año 2014 y esperemos que las cosas mejoren para todos, especialmente para los 6 millones de desempleados.

David Alfaya Massó. Abogado

Condenado Fogasa por no resolver en tres meses

IMG_1482
En estos momentos de crisis, desempleo y continuos despidos, el Fondo de Garantía Salarial se encuentra desbordado de solicitudes para atendar pagos de indemnizaciones y cantidades de empresas en concurso de acreedores, empresas desaparecidas o insolventes, y pago del 40% de la indemnización de despidos objetivos de trabajadores indefinidos en empresas de menos de 25 trabjadores.

Como consecuencia del aumento de solicitudes al FOGASA, las resoluciones se demoran más de un año, con la desesperación e incertidumbre que esto conlleva.
Pero la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 15 de Valencia del 1 de julio de 2013, puede poner fin a esta situación, ya que la no contestación expresa del FOGASA dentro de los tres meses siguientes debe entenderse con efecto positivo.

La sentencia confirma que FOGASA ha incumplido con su resolución la previsión contenida en el artículo 43.3 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, conforme al cual “3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 42 se sujetará al siguiente régimen: a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.” de cuanto se sigue que, la no contestación expresa del FOGASA dentro de los tres meses siguientes, debía entenderse con efecto positivo, tal y como expresa el artículo 42.3 de la Ley 30/1992 de modo que por este motivo y en tanto contradijo el trascrito tenor legal las dictadas por el FOGASA, deberá ser anuladas, lo que necesariamente comporta la estimación de las demandas acumuladas que rigen el proceso.

Si los juzgados de los Social comparten lo expuesto en esta sentencia, puede suponer un duro revés para el FOGASA y abre las puertas a todos los perjudicados por resoluciones desestimatorias por defectos en la documentación, procedimiento incorrecto o incluso por interpretación de los hechos que generan el derecho a la prestación del FOGASA. Es muy probable que en los próximos meses se presenten muchas demandas en esta línea, y habrá que esperar a que se pronuncien los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo, para confirmar esta interpretación.

David Alfaya Massó. Abogado