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Recuperar el dinero de las acciones de Bankia

bankia

Vivimos en un tiempo de continua lucha contra los abusos bancarios: participaciones preferentes, cláusula suelo, swaps,  cláusulas abusivas. Ahora les ha llegado el turno a los accionistas de Bankia. Y es que los afectados por la compra de acciones de Bankia están de enhorabuena, y pueden recuperar el dinero perdido con la compra de acciones, presentando demanda en el Juzgado.

Tras el informe elaborado por dos peritos del Banco de España, se ha evidenciado el engaño de la entidad en la comercialización de las acciones en su salida a Bolsa en julio de 2.011. La información que se facilitó a los clientes fue errónea, no correspondiéndose con la realidad y la solvencia económica de la entidad bancaria. Resulta lógico e indudable que de conocer la grave crisis que estaba atravesando Bankia, ningún inversor hubiese accedido a suscribir acciones de la entidad.

Son miles los accionistas que se han visto engañados, ante una evidente falsedad de las cuentas de la entidad. Lo cierto es que algunos de ellos ya han recuperado el dinero invertido, pues hay Juzgados que se han pronunciado sobre esta materia, y la mayoría de las sentencias que existen hasta la fecha son favorables a los accionistas (como la reciente sentencia dictada por el Juzgado de 1ª instancia nº 6 de Vigo de fecha 1 de septiembre de 2.014). No obstante, tras este nuevo informe, van a aumentar, si cabe, las probabilidades de éxito de las futuras demandas que se presenten, porque se podrá demostrar, sin ninguna duda, que las cuentas de la entidad no reflejaban la imagen fiel de la misma.

Y en este sentido, Bankia ya se prepara para una avalancha de demandas judiciales. Aunque podrían existir diferentes vías para reclamar, lo más aconsejable es iniciar, lo antes posible, acciones civiles con fundamento en la responsabilidad de la entidad por la errónea información facilitada en el folleto informativo y la falsedad de las cuentas. Habiéndose demostrado por los peritos del Banco de España que las cuentas de Bankia fueron fraudulentamente maquilladas y que el folleto informativo de la OPS no recogía la situación financiera real de la entidad, las probabilidades de éxito ante un procedimiento judicial son muy elevadas.

Es el momento de actuar para recuperar el capital invertido, aunque a nadie le gusta tener que presentar demanda, suele ser la única vía de recuperar el dinero, como así le ocurrió a los miles de afectados por participaciones preferentes.

Yolanda Fernández Fernández. Abogada
David Alfaya Massó. Abogado

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Sentencia que ordena el reintegro de gastos de operación al SERGAS

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Una cliente de Asesority Abogados consigue el reintegro del SERGAS de los gastos de la operación que le salvaron la vida.

El juzgado de lo Social nº 4 de Vigo, en sentencia de fecha 10 de octubre de 2014, ha ordenado al Sergas que indemnice con 60.863 euros a una paciente de 17 años que tuvo que pagar una operación en una clínica de Italia, realizada por un especialista mundial en la material, cuando el Servicio Galego de Saúde (SERGAS), no le daba ninguna esperanza de vida, como consecuencia de su grave enfermedad.

El reintegro de gastos por asistencia sanitaria ajena al sistema público, debe cumplir cuatro requisitos: Que se trate de urgencia inmediata y que sea de carácter vital, y que o hubiera posibilidad de utilización de los servicios de la sanidad pública, y que el caso no constituya una utilización abusiva de la excepción (Sentencia TS de 20 de octubre de 2003 y 31 de enero de 2012). En el presente supuesto la jueza entiende que se dan los requisitos, siendo el objetivo de la operación salvar la vida ante un grave padecimiento, donde los médicos de SERGAS no le dan ninguna esperanza y le remite de forma experimental al doctor italiano especialista en este tipo de operaciones.

Finalmente se realiza la intervención con éxito, teniendo que pagar los padres de la paciente los gastos de la operación y el desplazamiento y estancia en Italia. Ahora con esta sentencia, el SERGAS debe reintegrar todos esos gastos.

David Alfaya Massó. Abogado

Noticia de la sentencia en La Voz de Galicia (7/11/14)

Sentencia SERGAS Social nº 4 de fecha 10 de octubre de 2014

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Deudas de peajes en Portugal

PORTUGAL INSISTE EN RECLAMAR A CONDUCTORES ESPAÑOLES ANTE EL IMPAGO DE PEAJES EN SU RED DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS.

Ante el creciente aumento de los conductores españoles que no abonan los peajes portugueses, las concesionarias lusas Brisa y Ascendi han puesto en marcha una campaña de persecución de los conductores infractores, reclamando incluso peajes que se remontan al año 2.010. Muchos conductores de Galicia, han recibido de un despacho de abogados, una carta notificando que no se ha abonado el pertinente peaje, haciendo constar únicamente en dicha notificación el importe de la tasa de peaje y los correspondientes gastos administrativos. No obstante, la comunicación no incluye ningún detalle en relación a la infracción, su regulación en la ley portuguesa ni la tipicidad del artículo en virtud del cual se impone la sanción, ni siquiera la fecha de la comisión de la infracción, facilitando únicamente un código que permite obtener más información a través de una web de internet.

Además, en muchas ocasiones y en aras de saldar la totalidad de la deuda de los usuarios de la red de autopistas, las concesionarias están reclamando deudas por infracciones cometidas hace más de cuatro años, y por tanto, habiendo transcurrido el plazo de prescripción que prevé la ley portuguesa de dos años desde la comisión de la infracción (si esta tuvo lugar antes del 2.012).

Ante esta situación de indefensión en que se encuentran muchos conductores, el primer paso a seguir es contestar a la notificación recibida alegando los defectos de forma y de fondo contenidos en la misma. En todo caso, hay que tener en cuenta el importe de la deuda reclamada, pues si su cuantía no es muy elevada, podrá utilizarse el modelo de alegaciones que a continuación se acompaña. No obstante, si su importe es significativo, conviene asesorarse de forma personalizada ante el posible y más que probable procedimiento monitorio que pueden instar las concesionarias de autopistas y autovías portuguesas.

Modelo de alegaciones para reclamación peajes de Portugal

Asesority Abogados

Disolución y liquidación de una sociedad

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Cuando las cosas no van bien para una empresa y se toma la difícil situación de cerrar un negocio, todo son complicaciones, para empezar los socios deben tomar la decisión por mayoría ordinaria (que en caso de S.L. equivale a un tercio de las participaciones del capital social), de la junta general de socios.

Si existen deudas la sociedad no podrá disolverse, y nos obligaría a presentar concurso de acreedores. La Ley Concursal entiende la insolvencia del deudor como la imposibilidad de hacer frente a los pagos, aunque tenga patrimonio, si no se dispone de liquidez suficiente para pagar las deudas. Existe la posibilidad de presentar el conocido como preconcurso de acreedores, que mediante solicitud al Juzgado de lo Mercantil, concede un plazo de 3 meses para refinanciación de la deuda y buscar un acuerdo con los acreedores, normalmente mediante una quita y/o espera.

Los artículos del 360 al 400 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, establece todo lo relativo a la disolución y liquidación de sociedades, siendo causa de disolución de una sociedad de capital:
a) Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año.
b) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto.
c) Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.
d) Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento.
e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.
f) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una ley.
g) Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la proporción en el plazo de dos años.
h) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.

Tras el acuerdo de disolución se abre el período de liquidación, nombrando liquidadores; y que en el caso de micropymes o pequeñas sociedades limitadas puede realizarse de forma simultánea, siempre que no sea necesario liquidar bienes de la sociedad, y no haya operaciones pendientes. Los socios aprobarán el balance final de liquidación y el informe de las operaciones realizadas, repartiendo el patrimonio resultante de la liquidación conforme a las normas que se hubiesen establecido en los estatutos o, en su defecto, a las fijadas por la junta general.
Finalmente los liquidadores otorgarán escritura pública de extinción de la sociedad, en el Notario y procederán a su inscripción en el Registro Mercantil.

Pero, lo más fácil y habitual es simplemente presentar en la Agencia Tributaria de forma presencial o desde la sede electrónica, el modelo 036 marcando la opción de cese de actividad y la fecha de la misma; y no hacer nada más, lo que supone un incumplimiento de funciones de los administradores de la sociedad, y con el riesgo que conlleva de un posible concurso de acreedores necesario que podría presentar alguno de nuestros acreedores para intentar cobrar la deuda existente, presumiendo la culpabilidad del administrador o consejo de administración, lo que nos lleva al pago de las deudas de la sociedad con los bienes particulares, incluso mediante el embargo preventivo.

El coste de la disolución y liquidación de una sociedad limitada, donde las cosas no fueron bien y los socios toman la decisión de forma consensuada y pacíficamente, se limitada a los gastos de escritura notarial de disolución y liquidación y los gastos de su inscripción en el Registro Mercantil, que para una micropyme podría rondar los 600 euros. Pero en la mayoría de los casos, todo se complica: Discrepancias entre socios, falta de convocatoria de la junta general, contabilidad con errores, lo que conlleva a la dificultad de preparar el balance de cierre, existencia de operaciones pendientes o venta necesaria de bienes de la sociedad para poder liquidarla.

David Alfaya Massó
Abogado