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Cuidado tu hipoteca puede tener como tipo de interés de referencia, IRPH en vez de EURIBOR

Hipotecas con IRPH

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Oposición a la Ejecución Hipotecaria

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado sentencia en fecha 17 de julio de 2.014, en la que, una vez más, ha tirado de las orejas al legislador, poniendo en evidencia la desigualdad de trato existente entre los consumidores (deudores) y profesionales (entidades de crédito) en el procedimiento ejecutivo hipotecario español.
No ha sido esta la primera vez en que el TJUE ha puesto en evidencia el sistema de ejecución hipotecario español. Conviene resaltar la trascendental sentencia de 14 de marzo de 2.013, que propició que el juez español pudiese estudiar de oficio los contratos hipotecarios para valorar si había cláusulas abusivas, y que dio lugar a la promulgación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Si bien es cierto que en materia de ejecuciones hipotecarias se ha producido un significativo avance, en aras del principio de igualdad de armas entre acreedor bancario y deudor, la realidad es que, y en base a la reciente sentencia del TJUE, todavía existen en el articulado español disposiciones que son contrarias al Derecho Comunitario. Concretamente, el artículo 695.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula la oposición a la ejecución hipotecaria, y en virtud del cual se concede a la entidad de crédito la posibilidad de recurrir si se ordena el sobreseimiento de la ejecución o la inaplicación de una cláusula abusiva, pero sin embargo, no se le concede dicha oportunidad al deudor cuando es desestimada la oposición. Esta desigualdad entre ambas partes, que coloca en situación de inferioridad al deudor hipotecario, vulnera el artículo 7.1 de la Directiva 93/13 y el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En todo caso, y teniendo en cuenta que se han disparado las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas como consecuencia de la situación económica que atraviesa el país, es fundamental conocer la nueva legislación en esta materia que, aunque todavía arcaica, permite a muchos deudores ver la luz ante los abusos bancarios a los que están siendo sometidos. En este sentido, el Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de marzo, de medidas urgentes para la protección de deudores hipotecarios sin recursos, facilita la DACIÓN EN PAGO como alternativa a la ejecución hipotecaria, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos en relación a la hipoteca y al deudor. Por su parte, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, ha introducido las siguientes medidas:

– Contempla la posibilidad de oponerse a la ejecución hipotecaria en base al carácter abusivo de las cláusulas del contrato.
– Prevé la suspensión durante dos años de desahucios sobre viviendas habituales que afectan a personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.
– Se fija el interés de demora en tres veces el interés legal del dinero.
– El vencimiento anticipado del préstamo no se producirá antes de que se hayan dejado impagadas tres plazos mensuales de la obligación de pago.

Sin embargo, todavía queda mucho camino que recorrer para alcanzar la igualdad de armas entre el deudor y la entidad bancaria, por lo que será necesario que se promueva una reforma del procedimiento de ejecución hipotecaria.

David Alfaya Massó. Abogado
Yolanda Fernández Fernández. Abogada

Cláusula suelo. A la espera de un nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo

Ya ha transcurrido más de un año desde que se dictó la trascendental sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 9 de mayo de 2.013, que modificó el panorama de los abusos bancarios en favor de los consumidores, concretamente el referido a la cláusula suelo, al declarar la nulidad de la misma en los casos en que se produjese una falta de transparencia.
No obstante, y a pesar de la relevancia de este fallo, sigue habiendo controversias en cuanto a la retroactividad de los efectos de la nulidad, es decir, si procede la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por los prestatarios por aplicación de la cláusula suelo.
A este respecto, las distintas Audiencias Provinciales están aplicando criterios dispares, llegando al punto de que la concesión de los efectos retroactivos depende del órgano jurisdiccional que conozca el asunto. El caso concreto de la provincia de Pontevedra ha sido muy llamativo, pues si bien el Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de Pontevedra con sede en Vigo sostiene que los efectos de la declaración de nulidad no son retroactivos sino que se limitan al 9 de mayo de 2013, los Juzgados de lo Mercantil Nº 2 y 3 de Pontevedra han optado por la retroactividad (devolver las cantidades pagadas de más por aplicación de la cláusula suelo). Y en esta misma línea se ha pronunciado la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo, en el Auto de fecha 29 de mayo de 2.014, que echa por tierra todos los argumentos esgrimidos por las Audiencias Provinciales que defienden la tesis de la irretroactividad. Mientras que la sección primera y tercera de la misma AP de Pontevedra sigue la doctrina del Tribunal Supremo de no retroactividad.

En el panorama de inseguridad jurídica que nos encontramos actualmente, se espera con gran impaciencia un nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo como consecuencia del ejercicio de una acción individual, en casación de la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava de julio de 2013, que pondrá fin al debate sobre la retroactividad de la declaración de nulidad de la cláusula suelo.
Por lo que dado que no existe unanimidad de criterios relativos a la devolución de las cantidades cobradas de más por las entidades bancarias, lo más aconsejable para los hipotecados sería, con carácter previo a la vía judicial, instar acciones extrajudiciales, al objeto de que la entidad deje de aplicar la cláusula suelo, lo cual de conseguirse, supondría un gran beneficio para los titulares de las hipotecas, que verán cómo sus cuotas mensuales se reducen de forma significativa.
En caso de que la negociación resulte infructuosa, y siempre teniendo en cuenta las circunstancias del caso, presentar demanda ante los Tribunales de Justicia, que a la vista de las múltiples sentencias dictadas hasta la fecha, existen altas probabilidades de éxito.
Y en relación a la devolución de las cantidades pagadas de más por aplicación de la cláusula suelo, y teniendo en cuenta que se prevé que próximamente se pronuncie el Tribunal Supremo, conviene ser prudentes y esperar.

Yolanda Fernández Fernández. Abogada

Sentencia AP Pontevedra 9 de abril 2014 no retroactividad cláusula suelo

La Audiencia Provincial de Pontevedra, en sentencia del 9 de abril de 2014, desestima los efectos retroactivas de la cláusula de suelo de una hipoteca de NCG Banco, fundamentándolo entre otros, en:

“Tratándose de la nulidad de una cláusula suelo por falta de transparencia, el art. 1303 CC no actúa automáticamente, ni, en consecuencia, la xcx ccc. I. C. Cc de
nulidad despliega todos sus efectos con carácter retroactivo al momento de perfección del contrato, puesto que no se trata de restituir el estado de cosas a la situación primitiva, sino de expulsar la cláusula del contrato y tenerla por no puesta, que es lo que ordenan tanto el art. 83 del texto refundido de
la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios como el art. 6 de la Directiva 93/13/CEE, de forma que en estos casos la regla de la retroactividad deberá ser modulada en atención a la estructura de la eficacia contractual ya desplegada”

“Es cierto que el art. 1.6 CC exige que la doctrina sea reiterada, es decir, que provenga de dos o más sentencias. Pero ya se ha analizado que la graduación de los efectos de la declaración anulatoria en función de la modalidad negocial, la causa u motivo determinante de la nulidad o del conjunto de principios generales que informan el ordenamiento jurídico y las circunstancias en cada caso concurrentes, no es algo nuevo, sino que se enmarca en una consolidada línea
jurisprudencial”.

Con esta sentencia y la de hace unos días de la AP de Ourense, parece claro que en Galicia no se devolverá el dinero pagado como consecuencia de la aplicación de la cláusula suelo en la hipoteca, en especial las de NCG Banco que fueron declaradas nulas por el Tribunal Supremo el 9 de mayo de 2013, y que afecta a tantos gallegos, por ser esta entidad el resultado de la fusión de Caixanova y CaixaGalicia.

Sentencia AP Pontevedra 9 de abril de 2014 cláusula suelo hipoteca

David Alfaya Massó. Abogado

Mentiras del sistema bancario