Archivo de la etiqueta: sentencia

Sentencia que ordena el reintegro de gastos de operación al SERGAS

sergas
Una cliente de Asesority Abogados consigue el reintegro del SERGAS de los gastos de la operación que le salvaron la vida.

El juzgado de lo Social nº 4 de Vigo, en sentencia de fecha 10 de octubre de 2014, ha ordenado al Sergas que indemnice con 60.863 euros a una paciente de 17 años que tuvo que pagar una operación en una clínica de Italia, realizada por un especialista mundial en la material, cuando el Servicio Galego de Saúde (SERGAS), no le daba ninguna esperanza de vida, como consecuencia de su grave enfermedad.

El reintegro de gastos por asistencia sanitaria ajena al sistema público, debe cumplir cuatro requisitos: Que se trate de urgencia inmediata y que sea de carácter vital, y que o hubiera posibilidad de utilización de los servicios de la sanidad pública, y que el caso no constituya una utilización abusiva de la excepción (Sentencia TS de 20 de octubre de 2003 y 31 de enero de 2012). En el presente supuesto la jueza entiende que se dan los requisitos, siendo el objetivo de la operación salvar la vida ante un grave padecimiento, donde los médicos de SERGAS no le dan ninguna esperanza y le remite de forma experimental al doctor italiano especialista en este tipo de operaciones.

Finalmente se realiza la intervención con éxito, teniendo que pagar los padres de la paciente los gastos de la operación y el desplazamiento y estancia en Italia. Ahora con esta sentencia, el SERGAS debe reintegrar todos esos gastos.

David Alfaya Massó. Abogado

Noticia de la sentencia en La Voz de Galicia (7/11/14)

Sentencia SERGAS Social nº 4 de fecha 10 de octubre de 2014

Contacta con Asesority Abogados

Anuncios

La demanda colectiva de ADICAE se convierte en un obstáculo para los perjudicados por la cláusula suelo

Nuevo varapalo para los perjudicados por la cláusula suelo, y es que en diversos Juzgados se están paralizando los procedimientos de cláusula suelo instados por particulares por apreciar la concurrencia de LITISPENDENCIA. Y ello tiene su fundamento en la existencia de una demanda colectiva interpuesta por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (ADICAE) en representación de más de 9.000 afectados y dirigida contra 101 entidades bancarias, en la que se solicita la nulidad de esa misma estipulación, y de la que está conociendo el Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid (Juicio Ordinario nº 471/10).

En este sentido se ha pronunciado recientemente la Audiencia Provincial de Barcelona mediante Auto de fecha 9 de octubre de 2.014. Entiende la referida Audiencia Provincial que habiéndose iniciado una acción colectiva, no puede iniciarse una acción individual que verse sobre el mismo objeto, esto es, la nulidad de la cláusula suelo. Y, en todo caso, lo resuelto en la acción colectiva vinculará a todos los afectados, tanto si el resultado es favorable como adverso.

Lo que a primera vista puede apreciarse como una buena noticia para los miles de perjudicados por la cláusula suelo, la realidad no deja lugar a dudas, pues la demanda colectiva presentada por Adicae hace más de dos años se está convirtiendo en un grave obstáculo para quienes quieran iniciar acciones individuales solicitando la nulidad de la cláusula suelo incluidas en sus préstamos hipotecarios.

Además, a todo ello hay que añadir que el procedimiento que se sigue ante el Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid no deja de estar exento de polémica por los muchos contratiempos que se están produciendo. Varios cambios de juez y el último y sorprendente revés se ha producido por la desaparición del procurador de Adicae en el naufragio que tuvo lugar en agosto en Indonesia, lo que ha supuesto la paralización del procedimiento, a la espera de que decisión se toma para nombrar a un procurador sustituto, con el apoderamiento todos y cada uno de los afectados por la demanda colectiva; y para dar una salida a los plazos finalizados para contestar los requerimientos del Juzgado, al estar desaparecido el procurador personado en el procedimiento.

Así las cosas, las entidades financieras se están amparando en esta macro demanda para paralizar las demandas individuales, consiguiendo de este modo prolongar, si cabe, la agonía de los miles de perjudicados por la cláusula suelo, que se encuentran desamparados y a la espera de un pronunciamiento que, a la vista de los hechos, se prevé largo y lento.

En todo caso, y aun suponiendo que el Juez acordase la suspensión del procedimiento por apreciar la concurrencia de litispendencia, habría que solicitar como medida cautelar la inaplicación de la cláusula suelo, en tanto no se resuelva por resolución firme el procedimiento que se está dirimiendo en los juzgados de Madrid.

No obstante, como en todo lo que rodea a la cláusula suelo, existe disparidad de criterios entre los distintos Juzgados y Tribunales. Y en este sentido, hasta la fecha, y en lo que concierne a la provincia de Pontevedra, la Audiencia Provincial y los diferentes Juzgados de lo Mercantil, no están admitiendo la excepción procesal de litispendencia alegada por las entidades bancarias.

David Alfaya Massó. Abogado
Yolanda Fernández Fernández. Abogada

Justificación del despido objetivo por causas económicas

¿Que documentos que deben acompañarse con la carta de despido?

El artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores, establece la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, cuando concurra una de las causas previstas en el artículo 51.1 y afecté a un número de trabajadores inferior al establecido para el despido colectivo.

El despido objetivo por causa económica, prevista en el artículo 51.1, se produce cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, con la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de ingresos ordinarios o ventas, al darse la circunstancia de que durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.

La adopción del acuerdo de extinción al amparo de lo prevenido en el artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, y conforme al artículo 53, exige la observancia de los siguientes requisitos:

a) Comunicación escrita al trabajador expresando la causa del despido (carta de despido).
b) Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades.
Cuando la decisión extintiva se fundare en el artículo 52, c), de esta Ley, con alegación de causa económica, y como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner a disposición del trabajador la indemnización a que se refiere el parrafo anterior, el empresario, haciéndolo constar en la comunicación escrita, podrá dejar de hacerlo, sin perjuicio del derecho del trabajador de exigir de aquél su abono cuando tenga efectividad la decisión extintiva.
c) Concesión de un plazo de preaviso de quince días, computado desde la entrega de la comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo.

Y además habrá que entregar una copia de la carta de despido y documentación que justifique las causas económicas a la representación legal de los trabajadores para su conocimiento, siempre que exista.

Son fundamentales los documentos que se deben aportan con la carta de despido, para justificar la causa económica que origina el despido objetivo, y de este modo evitar una posible sentencia declaración la improcedencia y una mayor indemnización. Estos documentos son los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 1483/2012 de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada:

1. Memoria explicativa que acredite, en la forma señalada en los siguientes apartados, los resultados de la empresa de los que se desprenda una situación económica negativa.

2. Para la acreditación de los resultados alegados por la empresa, el empresario podrá acompañar toda la documentación que a su derecho convenga y, en particular, deberá aportar:
Las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios económicos completos, integradas por balance de situación, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivos, memoria del ejercicio e informe de gestión o, en su caso, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, debidamente auditadas en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías, así como las cuentas provisionales al inicio del procedimiento, firmadas por los administradores o representantes de la empresa que inicia el procedimiento.
En el caso de tratarse de una empresa no sujeta a la obligación de auditoría de las cuentas, se deberá aportar declaración de la representación de la empresa sobre la exención de la auditoría.

3. Cuando la situación económica negativa alegada consista en una previsión de pérdidas, el empresario, además de aportar la documentación a que se refiere el apartado anterior, deberá informar de los criterios utilizados para su estimación. Asimismo, deberá presentar un informe técnico sobre el volumen y el carácter permanente o transitorio de esa previsión de pérdidas basado en datos obtenidos a través de las cuentas anuales, de los datos del sector al que pertenece la empresa, dela evolución del mercado y de la posición de la empresa en el mismo o de cualesquiera otros que puedan acreditar esta previsión.

4. Cuando la situación económica negativa alegada consista en la disminución persistente del nivel de ingresos o ventas, el empresario deberá aportar, además de la documentación prevista en el apartado 2, la documentación fiscal o contable acreditativa de la disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas durante, al menos, los tres trimestres consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de la comunicación de inicio del procedimiento de despido colectivo, así como la documentación fiscal o contable acreditativa de los ingresos ordinarios o ventas registrados en los mismos trimestres del año inmediatamente anterior.

Y finalmente, si precisamente por esas causas económicas no se pudo poner a disposición del trabajador la indemnización que le corresponde, será necesario acreditar la situación de falta de liquidez mediante cualquier medio de prueba, como documentos contables o extracto de movimientos cuentas bancarias, entre otros.

David Alfaya Massó. Abogado

Oposición a la Ejecución Hipotecaria

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado sentencia en fecha 17 de julio de 2.014, en la que, una vez más, ha tirado de las orejas al legislador, poniendo en evidencia la desigualdad de trato existente entre los consumidores (deudores) y profesionales (entidades de crédito) en el procedimiento ejecutivo hipotecario español.
No ha sido esta la primera vez en que el TJUE ha puesto en evidencia el sistema de ejecución hipotecario español. Conviene resaltar la trascendental sentencia de 14 de marzo de 2.013, que propició que el juez español pudiese estudiar de oficio los contratos hipotecarios para valorar si había cláusulas abusivas, y que dio lugar a la promulgación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Si bien es cierto que en materia de ejecuciones hipotecarias se ha producido un significativo avance, en aras del principio de igualdad de armas entre acreedor bancario y deudor, la realidad es que, y en base a la reciente sentencia del TJUE, todavía existen en el articulado español disposiciones que son contrarias al Derecho Comunitario. Concretamente, el artículo 695.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula la oposición a la ejecución hipotecaria, y en virtud del cual se concede a la entidad de crédito la posibilidad de recurrir si se ordena el sobreseimiento de la ejecución o la inaplicación de una cláusula abusiva, pero sin embargo, no se le concede dicha oportunidad al deudor cuando es desestimada la oposición. Esta desigualdad entre ambas partes, que coloca en situación de inferioridad al deudor hipotecario, vulnera el artículo 7.1 de la Directiva 93/13 y el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En todo caso, y teniendo en cuenta que se han disparado las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas como consecuencia de la situación económica que atraviesa el país, es fundamental conocer la nueva legislación en esta materia que, aunque todavía arcaica, permite a muchos deudores ver la luz ante los abusos bancarios a los que están siendo sometidos. En este sentido, el Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de marzo, de medidas urgentes para la protección de deudores hipotecarios sin recursos, facilita la DACIÓN EN PAGO como alternativa a la ejecución hipotecaria, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos en relación a la hipoteca y al deudor. Por su parte, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, ha introducido las siguientes medidas:

– Contempla la posibilidad de oponerse a la ejecución hipotecaria en base al carácter abusivo de las cláusulas del contrato.
– Prevé la suspensión durante dos años de desahucios sobre viviendas habituales que afectan a personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.
– Se fija el interés de demora en tres veces el interés legal del dinero.
– El vencimiento anticipado del préstamo no se producirá antes de que se hayan dejado impagadas tres plazos mensuales de la obligación de pago.

Sin embargo, todavía queda mucho camino que recorrer para alcanzar la igualdad de armas entre el deudor y la entidad bancaria, por lo que será necesario que se promueva una reforma del procedimiento de ejecución hipotecaria.

David Alfaya Massó. Abogado
Yolanda Fernández Fernández. Abogada

Cláusula suelo. A la espera de un nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo

Ya ha transcurrido más de un año desde que se dictó la trascendental sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 9 de mayo de 2.013, que modificó el panorama de los abusos bancarios en favor de los consumidores, concretamente el referido a la cláusula suelo, al declarar la nulidad de la misma en los casos en que se produjese una falta de transparencia.
No obstante, y a pesar de la relevancia de este fallo, sigue habiendo controversias en cuanto a la retroactividad de los efectos de la nulidad, es decir, si procede la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por los prestatarios por aplicación de la cláusula suelo.
A este respecto, las distintas Audiencias Provinciales están aplicando criterios dispares, llegando al punto de que la concesión de los efectos retroactivos depende del órgano jurisdiccional que conozca el asunto. El caso concreto de la provincia de Pontevedra ha sido muy llamativo, pues si bien el Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de Pontevedra con sede en Vigo sostiene que los efectos de la declaración de nulidad no son retroactivos sino que se limitan al 9 de mayo de 2013, los Juzgados de lo Mercantil Nº 2 y 3 de Pontevedra han optado por la retroactividad (devolver las cantidades pagadas de más por aplicación de la cláusula suelo). Y en esta misma línea se ha pronunciado la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo, en el Auto de fecha 29 de mayo de 2.014, que echa por tierra todos los argumentos esgrimidos por las Audiencias Provinciales que defienden la tesis de la irretroactividad. Mientras que la sección primera y tercera de la misma AP de Pontevedra sigue la doctrina del Tribunal Supremo de no retroactividad.

En el panorama de inseguridad jurídica que nos encontramos actualmente, se espera con gran impaciencia un nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo como consecuencia del ejercicio de una acción individual, en casación de la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava de julio de 2013, que pondrá fin al debate sobre la retroactividad de la declaración de nulidad de la cláusula suelo.
Por lo que dado que no existe unanimidad de criterios relativos a la devolución de las cantidades cobradas de más por las entidades bancarias, lo más aconsejable para los hipotecados sería, con carácter previo a la vía judicial, instar acciones extrajudiciales, al objeto de que la entidad deje de aplicar la cláusula suelo, lo cual de conseguirse, supondría un gran beneficio para los titulares de las hipotecas, que verán cómo sus cuotas mensuales se reducen de forma significativa.
En caso de que la negociación resulte infructuosa, y siempre teniendo en cuenta las circunstancias del caso, presentar demanda ante los Tribunales de Justicia, que a la vista de las múltiples sentencias dictadas hasta la fecha, existen altas probabilidades de éxito.
Y en relación a la devolución de las cantidades pagadas de más por aplicación de la cláusula suelo, y teniendo en cuenta que se prevé que próximamente se pronuncie el Tribunal Supremo, conviene ser prudentes y esperar.

Yolanda Fernández Fernández. Abogada